Cita extranjería > Trámites > Arraigo social: trámites y requisitos para conseguirlo
El arraigo social es una de las vías más utilizadas por personas extranjeras que viven en España y quieren obtener una autorización de residencia legal. Se trata de un permiso especial pensado para quienes han estado en el país durante varios años sin papeles, pero que han logrado establecer vínculos personales, familiares o laborales sólidos. En los últimos años, este procedimiento se ha convertido en una puerta de entrada a la regularización para miles de inmigrantes. Sin embargo, el proceso puede parecer complicado si no se conocen bien los requisitos y los pasos necesarios.
El arraigo social es una de las modalidades del arraigo por circunstancias excepcionales que regula el Reglamento de Extranjería en España. Básicamente, es un permiso de residencia temporal que se concede a extranjeros que han vivido en España durante un periodo mínimo de tres años y que han desarrollado lazos sociales, familiares o laborales en el territorio español.
Este permiso permite residir y trabajar legalmente en España durante un año, con posibilidad de renovación o modificación posterior a otro tipo de residencia o trabajo por cuenta ajena o propia. En la práctica, es una forma de reconocer que, aunque la persona haya estado en situación irregular, ha echado raíces en la sociedad española.
Para poder solicitarlo, el interesado debe demostrar que ha permanecido en España al menos tres años de forma continuada. Esto significa que no puede haber salido del país más de 120 días en ese periodo. Además, debe acreditar que tiene vínculos familiares con ciudadanos españoles o extranjeros con residencia legal, o bien contar con un contrato de trabajo o medios económicos suficientes para mantenerse.
Aunque puede parecer un trámite burocrático más, el arraigo social es uno de los procedimientos más sensibles dentro del sistema de extranjería. En muchos casos, supone la diferencia entre vivir con incertidumbre o hacerlo con estabilidad y derechos reconocidos. Por eso es fundamental preparar bien la solicitud y cumplir cuidadosamente todos los requisitos.
Los requisitos del arraigo social están definidos en el artículo 124.2 del Reglamento de Extranjería. El primero y más importante es haber residido en España durante al menos tres años de forma continuada. Para probarlo, se deben presentar documentos que acrediten la presencia constante en el país, como empadronamientos, facturas, envíos de dinero, citas médicas o cualquier otro justificante con fechas que abarquen todo el periodo.
El segundo requisito es carecer de antecedentes penales, tanto en España como en los países donde haya vivido durante los últimos cinco años. Para ello, es necesario aportar un certificado de antecedentes penales de cada país de residencia anterior, legalizado y traducido oficialmente.
Otro requisito clave es acreditar la integración social, que puede demostrarse de tres maneras. La primera es a través de vínculos familiares, por ejemplo, si se tiene un cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijo con residencia legal o nacionalidad española. En ese caso, el arraigo se justifica por los lazos familiares.
La segunda forma es mediante un contrato de trabajo firmado con una empresa en España. Este contrato debe ser de al menos 30 horas semanales y tener una duración mínima de un año. La empresa debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, y demostrar que puede mantener el empleo.
La tercera opción es acreditar medios económicos propios, como ingresos estables derivados de una actividad por cuenta propia o ayuda familiar. En algunos casos, los ayuntamientos emiten un informe de integración social que evalúa la situación del solicitante, su participación en la comunidad y su conocimiento del idioma. Este informe no siempre es obligatorio, pero puede ser muy útil para reforzar la solicitud.
En cuanto a la documentación general, se debe presentar el pasaporte en vigor, empadronamiento histórico, certificados de antecedentes penales, contrato o documentación laboral, justificantes de permanencia, y el informe de integración si procede. Todo se entrega en la Oficina de Extranjería correspondiente a la provincia donde reside el solicitante.
Es importante revisar cada documento con cuidado y asegurarse de que está completo, ya que una omisión o error puede retrasar el proceso o incluso provocar una denegación. Por eso muchas personas optan por acudir a una asesoría especializada en extranjería, que se encarga de preparar el expediente y revisar cada detalle antes de la presentación.
Una vez reunida toda la documentación, el siguiente paso es solicitar la cita previa en extranjería para presentar la solicitud de arraigo social. Esta cita se solicita a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial, en la sección de Extranjería. En muchas provincias, las citas son limitadas, por lo que es recomendable estar atento a los horarios en los que suelen liberarse nuevos turnos.
Durante la cita, el solicitante entrega la documentación y se abre el expediente. En ese momento se asigna un número de expediente que permitirá consultar el estado de la solicitud por internet. El plazo máximo para recibir una resolución es de tres meses. Si pasado ese tiempo no se ha notificado ninguna respuesta, se entiende que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo, aunque en la práctica muchas oficinas resuelven antes.
Si la resolución es favorable, el siguiente paso es tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Para ello, se debe pedir una nueva cita en la comisaría de policía correspondiente, llevar la resolución aprobatoria, el justificante del pago de la tasa y las huellas dactilares. A los pocos días, se entrega la tarjeta física, que acredita la residencia legal y autoriza a trabajar.
En caso de que la solicitud sea denegada, es posible presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno o un recurso contencioso-administrativo, dependiendo de los motivos de la denegación. Contar con un abogado o una asesoría especializada puede aumentar las posibilidades de éxito, ya que cada caso requiere un análisis individualizado.
El permiso de arraigo social tiene una validez de un año. Antes de que caduque, se puede solicitar su renovación o modificación a una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena o propia. Si durante ese tiempo se ha trabajado de forma regular y se han cotizado los meses exigidos, la transición a una residencia normal suele ser sencilla.
El arraigo social ofrece una vía legal y justa para que miles de personas puedan regularizar su situación. Aunque el proceso puede parecer complejo, conocer los requisitos y seguir correctamente los pasos permite aumentar considerablemente las posibilidades de éxito.
Demostrar la permanencia en España, carecer de antecedentes y acreditar vínculos o medios económicos son las claves principales para obtener el permiso. Sin embargo, cada caso tiene particularidades, y una buena asesoría puede marcar la diferencia entre una solicitud aprobada o rechazada.
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