Cita extranjería > Trámites > Nacionalidad española por residencia: requisitos, plazos y cómo solicitarla
La nacionalidad española por residencia es una de las formas más comunes de adquirir la ciudadanía española para extranjeros que viven de manera legal en España. Es un procedimiento administrativo mediante el cual una persona puede convertirse en ciudadano español después de haber residido durante determinado tiempo en el país, cumpliendo ciertos requisitos legales.
Obtener la nacionalidad española no solo significa tener un pasaporte europeo, sino también acceder a todos los derechos y deberes de un ciudadano, como votar, trabajar sin restricciones, circular libremente por la Unión Europea o disfrutar de los servicios públicos en igualdad de condiciones.
Es un trámite que requiere paciencia y una buena preparación, ya que intervienen distintos organismos y existen plazos que deben cumplirse rigurosamente.
La nacionalidad por residencia es una de las vías previstas en el Código Civil español para adquirir la ciudadanía. Se concede a personas extranjeras que han vivido en España de forma continuada, legal y estable durante un tiempo determinado.
A diferencia de otras formas de obtener la nacionalidad —como la nacionalidad por origen, por opción o por carta de naturaleza—, esta se basa en el arraigo personal y la integración en la sociedad española demostrados a través de la residencia legal.
El tiempo mínimo de residencia exigido varía en función de la situación del solicitante. En general, se requiere haber residido en España durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. No obstante, existen casos en los que este plazo se reduce:
Además de cumplir con el tiempo de residencia, es necesario acreditar buena conducta, integración en la sociedad española y capacidad suficiente para entender los derechos y deberes que conlleva ser ciudadano español.
Solicitar la nacionalidad española por residencia requiere reunir una serie de requisitos legales. Aunque cada caso puede tener particularidades, la normativa establece una base común para todos los solicitantes.
El primer requisito esencial es residir legalmente en España durante el tiempo exigido. Esto implica contar con una autorización de residencia válida y continuada. No se considera válida la estancia irregular, ni los períodos en los que la persona haya estado fuera del país más de seis meses consecutivos en un año.
El segundo requisito es demostrar buena conducta cívica, lo que se traduce en no tener antecedentes penales ni en España ni en el país de origen. Para ello, se deben presentar los certificados de antecedentes penales de ambos países, debidamente legalizados y traducidos al español si procede.
También es necesario acreditar la integración en la sociedad española, un aspecto que se evalúa a través de las pruebas del Instituto Cervantes (CCSE y DELE).
Los solicitantes también deben presentar un certificado de empadronamiento histórico que demuestre la residencia continuada en España, y un certificado de nacimiento original, legalizado y traducido.
Otros documentos a preserntar son la tarjeta de residencia vigente, pasaporte, el certificado de matrimonio si aplica, y el justificante del pago de la tasa administrativa (modelo 790, código 026), que en 2025 tiene un coste aproximado de 104 euros.
La documentación se presenta de forma telemática a través de la plataforma del Ministerio de Justicia, lo que agiliza considerablemente el trámite en comparación con las solicitudes en papel.
El proceso de nacionalidad española por residencia se compone de varias fases que pueden extenderse durante varios meses o años, dependiendo del volumen de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos.
El primer paso es reunir toda la documentación y comprobar que no haya caducado. Es importante que los certificados de antecedentes penales y de empadronamiento tengan una validez inferior a seis meses en el momento de la presentación.
Una vez completada la documentación, se puede presentar la solicitud de forma telemática a través del portal del Ministerio de Justicia. Este método es el más recomendable, ya que genera un justificante de registro y permite hacer seguimiento del expediente online.
Después de presentar la solicitud, el expediente pasa a una fase de tramitación en la que el Ministerio revisa la documentación, solicita informes a la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y el Registro Central de Penados, y verifica que se cumplan todos los requisitos.
Durante esta etapa, el expediente puede permanecer en estado de “pendiente de informes” durante varios meses. Una vez completada la verificación, el Ministerio emite una resolución que puede ser favorable o desfavorable.
Si la resolución es favorable, el solicitante deberá realizar el juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes españolas ante el Registro Civil. Este paso debe hacerse en un plazo máximo de 180 días desde la notificación.
Con el juramento realizado, el Registro Civil inscribe al nuevo ciudadano en el Registro de Nacimientos y emite el certificado de nacimiento español, documento indispensable para obtener el DNI y el pasaporte español.
En caso de que la solicitud sea denegada, el interesado puede presentar un recurso de reposición ante el propio Ministerio de Justicia en el plazo de un mes, o un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional dentro de los dos meses siguientes.
El tiempo medio de resolución de los expedientes de nacionalidad por residencia ha mejorado en los últimos años gracias a la digitalización, pero sigue siendo habitual que los procedimientos tarden entre 12 y 24 meses en resolverse.
Uno de los errores más comunes en las solicitudes de nacionalidad por residencia es presentar documentación incompleta o caducada. Esto puede provocar retrasos o incluso la inadmisión del expediente. Por eso, es importante revisar que todos los certificados estén actualizados y correctamente legalizados antes de enviar la solicitud.
También es recomendable mantener actualizados los datos de contacto, especialmente el correo electrónico y el domicilio, ya que todas las notificaciones del Ministerio se envían a través de medios electrónicos.
Otro aspecto crucial es conservar el resguardo de presentación telemática, que sirve como prueba de que la solicitud fue presentada dentro del plazo y permite consultar el estado del expediente en la web del Ministerio.
Durante la tramitación, Hacienda y la Policía pueden requerir información adicional, por lo que conviene no tener deudas fiscales o sanciones pendientes. Las deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social pueden considerarse indicios de falta de buena conducta cívica y afectar el resultado.
En cuanto a los exámenes del Instituto Cervantes, es recomendable prepararlos con antelación y consultar los materiales oficiales disponibles en la web del instituto. Muchos solicitantes fallan por desconocimiento del formato, no por falta de conocimientos.
Por último, contar con el apoyo de una asesoría jurídica o gestoría especializada en extranjería puede marcar una gran diferencia. Un profesional puede revisar la documentación, gestionar el proceso telemáticamente y responder a requerimientos de forma rápida y correcta, evitando retrasos o errores que puedan poner en riesgo la solicitud.
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